El diputado de EQUO Jorge Luis Bail, perteneciente al grupo parlamentario de Podemos, ha solicitado la comparecencia, en la comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso, del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Raimundo Lafuente, para que explique la situación actual del proceso de recrecimiento de la presa de Yesa.
Desde las distintas formaciones aseguran que “el deslizamiento de tierras en el entorno de la obra y los riesgos geotécnicos reseñados por especialistas de distintas universidades han generado inquietud en la población de ambas comunidades, en las que este proyecto cuenta con una ya larga contestación social”.
Además Luis ha pedido la presencia de las autoridades pertinentes afectadas por este proyecto así como la de expertos en la materia como Antonio Aretxabala, Antonio Casas y José Javier Gracia; los tres profesores e investigadores. Pretendiendo así que adviertan sobre los riesgos geotécnicos de este plan ya que sigue generando gran preocupación tanto en los vecinos de Navarra como de Aragón.
El recrecimiento de la presa de Yesa es un proyecto de ingeniería hidráulica que pretende la construcción de una nueva presa para el embalse que triplicaría la capacidad actual (de 446,86 hm³ a una capacidad de 1.525 hm³). La Asociación Río Aragón contra el recrecimiento del embalse de Yesa y la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET) ya advirtió de los posibles deslizamientos de las laderas y filtraciones en las estribaciones del lado derecho que se podrían producir por el recrecimiento del embalse.
Recordamos que nuestro recién elegido diputado es uno de los afectados de ‘Los 8 de Yesa’, que están imputados por los hechos acaecidos en 2012 cuando intentaban frenar la expropiación y desalojo, por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de tierras y granjas en la localidad. Aunque finalmente la CHE no se presentó, si lo hizo la Guardia Civil cargando contra las cerca de 200 personas que se manifestaban pacíficamente.
El fiscal pide para ellos penas de cárcel que suman 36 años y 10 meses, además de 22.020 euros de indemnización. En el caso de nuestro diputado, se le imputa un delito de atentado contra la autoridad por el que el Ministerio Público solicita una condena de 2 años y medios de prisión y una indemnización de 90 euros; el juicio ha sido fijado para el próximo mes de mayo.