La Comisión Europea ha publicado su propuesta final sobre el acuerdo de libre comercio con Canadá (CETA), incluyendo también en este acuerdo, el polémico mecanismo de arbitraje entre inversores y estados (ISDS, en sus siglas en inglés), que, pese a las enormes críticas recibidas, ya introdujo en las negociaciones sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos (TTIP), ignorando una vez más la férrea oposición a este mecanismo por parte de la sociedad civil.
En palabras del portavoz de EQUO en el Parlamento Europeo, Florent Marcellesi:
«La Comisión Europea ningunea una vez más la voz de la ciudadanía al incluir en los acuerdos con Canadá, mecanismos antidemodráticos como los tribunales de arbitraje privados para resolver disputas con los inversores extranjeros.Tal como hiciera en las negociaciones sobre el TTIP, la Comisión vuelve a maquillar sus intenciones, ofreciendo en su propuesta solo cambios de procedimiento, como por ejemplo, en la selección de jueces. Sin embargo mantiene la esencia de un mecanismo judicial que deja fuera a ciudadanos y empresas nacionales, y que permite a los inversores extranjeros emprender acciones legales contra los estados cuando sus beneficios puedan ser perjudicados. La inclusión en el texto del principio «expectativas legítimas de los inversores», da a estos derechos sin precedentes, en detrimento de nuestros principios democráticos.
Mostramos por tanto nuestro rechazo frontal a un mecanismo que crea un sistema legal paralelo, en el que tribunales independientes, exentos al funcionamiento del sistema legal de nuestros estados, favorece los intereses de grandes multinacionales e inversores extranjeros por encima de las autoridades locales, los Estados e instituciones europeas.
Si realmente queremos dar un paso más en la gobernanza mundial, debería ser mediante un tribunal público internacional basado ante todo en los derechos humanos, sociales y ambientales.»