EQUO ha rechazado las políticas de tratamiento de residuos que favorecen la puesta en funcionamiento de nuevas incineradoras, así como la utilización de los residuos urbanos y otros materiales de desecho como combustible. Ello es debido a los perniciosos efectos que dichas prácticas causan sobre la salud y el medio ambiente. De hecho, el proceso de combustión genera aguas y gases tóxicos que incrementan el nivel de dioxinas cancerígenas en la atmósfera, exponiendo a poblaciones cercanas a riesgos innecesarios. Recientes investigaciones, como la llevada a cabo en enero por científicos del Instituto Carlos III, demuestran un aumento significativo en el riesgo de contraer cáncer en poblaciones cercanas a incineradoras.
Dado que los efectos sobre la salud de las personas y el medio ambiente están científicamente demostrados, EQUO considera intolerable que desde la Administración se den preferencia a los intereses de la industrias. Según recoge la legislación vigente (Real Decreto 653/2003 y la Ley 22/2011), la inclusión de limitaciones en las emisiones corresponde a una comisión evaluadora. Ésta juzga en función de la capacidad de cada sector industrial y antepone los criterios económicos y técnicos de viabilidad, sin tener en cuenta los riesgos sobre el medio ambiente y la salud.
Por todo ello, EQUO ha reclamado un modelo eficiente y actualizado en la gestión de residuos en el que las instalaciones incineradoras y coincineradoras desaparezcan paulatinamente para ser sustituidas por sistemas más eficientes y sostenibles económica y medioambientalmente, como el reciclado y la reutilización de los residuos, así como la obtención de energía a través de fuentes renovables.