El eurodiputado de EQUO en Los Verdes/ALE, Florent Marcellesi, ha alertado a la Comisión Europea sobre el desarrollo exponencial de las macrogranjas en España. En particular, le ha preguntado sobre la instalación de numerosas macrogranjas a lo largo de los territorios de Castilla la Mancha, Aragón y Castilla y León, situadas la mayoría en espacios comprendidos en la Red Natura 2000 protegidos por las Directivas 92/43/CEE y 85/337/CEE. La normativa europea establece como requisito previo al inicio de actividades económicas en un espacio protegido, que las autoridades realicen una evaluación previa exhaustiva que descarte impactos negativos sobre el medio ambiente y los hábitats que conviven.
“El desarrollo exponencial de las macrogranjas es un peligro para el mundo rural, el empleo, el clima, la agricultura ecológica y los animales. Además si fuera poco, vemos que su expansión por el territorio se hace en espacios protegidos como la Red Natura 2000. Frente a esta nueva aberración industrial que podría vulnerar seriamente la legislación europea, pedimos a la Comisión Europea que actúe. Ante una industria alimentaria low-cost con tantos impactos negativos en el mundo rural y sus espacios protegidos, necesitamos una Política Agrícola Común a favor de los territorios, de la agricultura y ganadería local, extensiva y ecológica, y de una alimentación de calidad que reduzca nuestro consumo de carne a la mitad” ha declarado el eurodiputado de EQUO en el grupo de Los Verdes/ALE, Florent Marcellesi.
Según el eurodiputado, en el caso de Castila La Mancha, en el período comprendido entre el año 2010 y febrero de 2018, el Gobierno autonómico ha dado luz verde a la instalación de numerosas macrogranjas a lo largo de todo su territorio afectando directa o indirectamente a la Red Natura 2000, omitiendo la realización del estudio específico sobre su afección y a través del esparcimiento de purines sobre parcelas comprendidas dentro de las ZEPAS, incumpliendo la normativa citada.
Por parte de las licencias otorgadas por el Gobierno Regional de Aragón para explotaciones de macrogranjas, entre enero de 2017 y febrero de 2018, ascienden a 45, entre avícolas, bovinas, ovinas y porcinas. La inmensa mayoría están situadas en zonas protegidas por la Red Natura 2000, zonas ZEPA y LICs (lugares de interés comunitario). Entre otras normativas europeas se infringen, la Directiva 92/43 CEE, la 85/337/CEE, sobre protección medioambiental o la 75/442/UE sobre explotaciones porcinas.
En cuanto a la macrogranja de Faramontanos, en la Comarca de Tábara (Zamora), una explotación para criar 12.000 lechones, estaría en la vega del arroyo la Burga, a escasa distancia de los manantiales y pozos que alimentan el sistema de distribución de agua potable del pueblo, así como las lagunas y pastizales salinos de Villafáfila incluidos en la Red Natura 2000. Las balsas para los purines y las instalaciones de la macrogranja estarían situadas en zona inundable. Si este proyecto avanza, en dos años los acuíferos, los pozos y el arroyo estarán contaminados, y aunque cuenta con permisos municipales, aún no dispone de licencia medioambiental.
Ante ello, el eurodiputado pregunta a la Comisión Europea:
- ¿Es conocedora la Comisión de las numerosas concesiones para la instalación de macrogranjas en la Red Natura 2000 en estos territorios?
- ¿Qué medidas piensa adoptar la comisión para hacer cumplir el derecho comunitario infringido?
- ¿Piensa la Comisión que el desarrollo exponencial de las macrogranjas es compatible con la ecologización de la agricultura y mayor bienestar animal?
- ¿Qué opina la Comisión de unos proyectos que afectarán a un espacio protegido por la Red Natura 2000?