Esta organización también hace un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para que penalice en las urnas la falta de ética en la gestión de lo que es de todos.
Para EQUO los numerosos casos de corrupción política y empresarial que ahora mismo ocupan la actualidad en nuestro país, requieren una respuesta urgente y contundente, ya que no estamos ante una situación inevitable sino que es posible combatirla con transparencia, mayor control político y ciudadano y con la puesta en marcha de medidas que realmente persigan este fin.
El caso Pallerols, Nóos, Díaz Ferrán, Baltar, los numerosos casos de corrupción en la Comunidad valenciana, o las extrañas circunstancias en las que está produciéndose la privatización de la Sanidad en la Comunidad de Madrid, requieren una respuesta que deje claro que hay voluntad política de acabar con esta lacra democrática.
“Es una inmensa irresponsabilidad lanzar el mensaje de que no se puede hacer nada, de que esto es inevitable. No es cierto. Hay mucho por hacer y hay que hacerlo ya, pero parece que los grandes partidos no tienen la voluntad de hacerlo” ha denunciado la coportavoz federal de EQUO, Reyes Montiel quien ha añadido que hay que “abordar el tema de forma global, teniendo en cuenta la corrupción en sus múltiples variables, y con una batería de medidas que además lancen un mensaje claro a la ciudadanía de tolerancia cero y a los corruptos de que cada vez lo van a tener más complicado«.
Montiel ha explicado que la aprobación de una buena ley de transparencia, algo a lo que el PP ha renunciado, es uno de los pasos fundamentales para garantizar el buen hacer en el ejercicio de cargo público. Una ley que regule, por ejemplo, los lobbies, y que garantice de forma eficaz y ágil el acceso a la información por parte de la ciudadanía y que dificultará una toma de decisiones a favor de los intereses de los corruptos.
Además, es urgente la puesta en marcha de otras medidas como incrementar las restricciones en el ejercicio de empleos adicionales al principal empleo público, la declaración de ingresos personales a cargos públicos pero también a Altos cargos de la administración y funcionarios en puestos de responsabilidad, la obligatoriedad de una declaración de intereses privados relevantes para la gestión de contratos, la publicación de los regalos que se reciban en el ejercicio de una responsabilidad público, la declaración del patrimonio no solo personal sino también familiar o la imposición de restricciones en la propiedad de acciones y de empresas privadas.
Asimismo, Montiel también ha advertido del escándalo que suponen las más que evidentes “puertas giratorias entre la política y el mundo empresarial”, que han quedado patente recientemente en el caso del exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Güemes, pero que tiene mucho más ejemplos (véase la lista de ex-ministros que actualmente trabajan en eléctricas).
Precisamente para evitar esto, Montiel ha explicado que «EQUO propone un endurecimiento del régimen de incompatibilidades para cargos electos, altos cargos de designación directa, directivos de empresas y sociedades públicas, organismos reguladores y del conjunto de entes de capital público. Este régimen debe incluir la obligatoriedad de inhibirse en decisiones relacionadas con la actividad profesional de familiares o empresas participadas o administradas por familiares de hasta segundo grado pero también otro régimen particular de hasta 3 años tras abandonar el cargo para actividades profesionales y mercantiles que guarden relación directa con el ejercicio del cargo así como el asesoramiento a empresas concesionarias o receptoras de ayudas del sector público«.
Asimismo, EQUO ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que demuestre una tolerancia cero con este tipo de comportamiento que repercuten en la calidad de nuestra democracia, pero también en la de nuestros derechos y servicios públicos.
