Desde EQUO celebramos la apertura de la causa por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor por parte del juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) tras la denuncia de la fiscalía. Además, el juez ha imputado a 18 personas por presunta prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Juantxo López de Uralde, co-portavoz de EQUO ha declarado que «Es una buena noticia que la fiscalía, por fin, haya abierto diligencias e imputado a 18 personas por la tramitación del proyecto Castor. Esperamos que los responsables de este fiasco lo paguen”.
Además, también está la indemnización de más de 1.300 millones de Euros que desembolsó el Gobierno de España como consecuencia de la claúsula del contrato con ESCAL UGS por la cual el estado se comprometía a pagarle 1.350 millones en caso de paralización del proyecto. En este sentido, López de Uralde añadía que “Desde Equo exigimos que no seamos la ciudadanía los que paguemos la cuenta por un proyecto mal diseñado y peor ejecutado”.
El almacén de gas Castor, operado por la empresa ESCAL UGS (propiedad de ACS) y financiado en parte por el Banco Europeo de Inversiones a través de la iniciativa ‘Project Bond’, fue paralizado en septiembre de 2013 tras provocar más de 500 terremotos en la zona.
Al respecto Equo, miembro de la coalición Primavera Europea presentó el pasado mes de octubre una pregunta ante el Parlamento Europeo sobre la financiación de Castor y cómo afectaría la paralización del proyecto a los reembolsos de 300 millones de euros de participación del Banco Europeo de Inversiones.