Hoy en el Congreso de los Diputados tenía lugar el pleno para presentar el plan de regeneración democrática del gobierno. Un plan, que desde EQUO consideramos insuficiente y elaborado únicamente para maquillar los escándalos de corrupción que tenemos a diario en toda España
Frente a las palabras, desde EQUO proponemos medidas contra la corrupción, que apuestan por una regeneración democrática real y la participación de la ciudadanía, más allá de los discursos.
Estas son los antídotos de nuestro partido verde contra la corrupción:
1) Reforma de la ley electoral para garantizar la proporcionalidad y la equidad del voto, la igualdad de oportunidades para todas las opciones políticas y dar mayor capacidad a electores y ciudadanos sobre los cargos electos.
2) Reforma de la financiación pública de los partidos políticos, siguiendo las recomendaciones del observatorio europeo contra la corrupción (GRECO): regulación de préstamos bancarios, transparencia de la información financiera y contable, refuerzo de las auditorías y mejora de las atribuciones y recursos del Tribunal de Cuentas, ampliando el sistema de sanciones.
3) Establecimiento de un marco legal de participación ciudadana que regule aspectos como los consejos ciudadanos, la revocatoria de cargos electos, el voto electrónico, los presupuestos participativos, las iniciativas legislativas populares y los referéndum y la reforma de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).
4) Mejora de la Ley de Transparencia, que garantice el derecho ciudadano de acceso a toda la información pública, aportando medios personales y materiales para garantizar su cumplimiento por todas las administraciones.
5) Desarrollo de un plan de Gobierno Abierto en torno a los valores de transparencia, participación y colaboración en el conjunto de las administraciones públicas, para desarrollar una nueva cultura que sitúe al ciudadano en el centro, haciendo posible la colaboración entre la sociedad civil y los funcionarios, cargos electos y el conjunto de trabajadores del sector público.
6) Aprobar una ley que regule la relación entre los lobbies y las instituciones públicas, estableciendo un registro de grupos de presión y dando transparencia a su actividad.
7) Plan de reformas para la lucha contra la corrupción en el sector público, incluyendo un régimen de incompatibilidades más estricto y ampliación del plazo de prescripción para delitos de corrupción.
8) Corresponsabilidad de los partidos políticos en casos de cargos condenados por corrupción, de forma que el partido garantice como aval el cobro de las cantidades económicas objeto de la condena, así como las sanciones, y que pueda ser condenado a no presentar candidatura en el territorio origen de los hechos durante un tiempo determinado.
9) Reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y otras medidas encaminadas a una separación efectiva de poderes y a eliminar la instrumentalización partidista de la Justicia.
10) Acercar la administración de justicia a la ciudadanía, poniendo en marcha Oficinas Judiciales en todas las Comunidades Autónomas para abreviar los trámites cara al ciudadano, recuperando la figura de los juzgados de distrito y los jueces de paz para juicios de faltas y demandas civiles de menor cuantía, acercando el sistema a la media europea de 20 jueces por 100.000 habitantes y 3,5% del PIB.