Son tiempos éstos en que la ciudadanía se ve obligada a movilizarse por derechos que pensábamos estaban ya asegurados y consolidados por la legislación y décadas de lucha para conseguirlos. Los recortes y pérdida de derechos son de tal impacto, no dudando en poner en peligro incluso vidas humanas, como ocurre con los recortes a la dependencia, o en determinadas prestaciones sanitarias, o empeorando la educación pública, arriesgando el futuro de generaciones enteras, que, una vez llevadas a cabo movilizaciones más convencionales, al final, nos queda lanzar un grito de dignidad y de oposición a estas decisiones inhumanas, a través de iniciativas como la de #HambredeJusticia.
Las mujeres y hombres de Coagret, afectados por obras hidráulicas, nos adherimos y apoyamos esta convocatoria de una huelga de hambre a relevos. Durante estas semanas en Huesca, cientos de personas están manifestando bien claro que no todo vale, que no se puede sacrificar lo más importante en aras de determinados principios económicos neoliberales, que llevan a que, entre todos, incrementemos más aún la riqueza de unas élites que nunca pierden derechos ni les recortan. Es preciso que sigamos denunciando esta situación, esta oleada que pretende retrotraernos un siglo atrás, cuando no había sanidad ni educación pública, ni derechos laborales, pues en ello nos jugamos nuestro presente y futuro y el de las siguientes generaciones.
Particularmente nuestro colectivo denuncia que mientras se siguen produciendo estos recortes, el gobierno continúa con la intención de llevar a cabo los pantanos de Yesa, Biscarrués y Mularroya, cuyos presupuestos conjuntos sobrepasan los 800 millones de euros, siendo obras innecesarias y que cuentan con alternativas más baratas, eficientes y sin impactos ambientales o sociales, pudiendo destinar además este dinero a servicios públicos realmente necesarios, mantenidos además por una administración que tiene que ser cercana a la ciudadanía, a salvo de desprestigios interesados y de reformas como las referentes a la administración local, que pueden amenazar la calidad de los servicios que prestan las administraciones más cercanas a la ciudadanía, a los afectados.