La llegada del otoño nos permite hacer un balance del que ha sido el peor año en décadas en lo que a incendios forestales se refiere. Este año se han contabilizado en España 36 grandes incendios que han calcinado más de 180.000 hectáreas (cerca del 0.7% de la superficie estatal). Sin duda, 2012 pasará al recuerdo de muchos por la tragedia que ha supuesto el fallecimiento de 8 personas y la devastación en algunos de nuestros enclaves naturales más singulares como el Parque Nacional de Garajonay (La Gomera), el Parque Natural del Alto Tajo (Guadalajara) o el de las Fragas de Eume (A Coruña). Además, tenemos que tener en cuenta el impacto económico por las pérdidas de bienes (asciende a millones de euros) y el impacto emocional que sufren las personas que se han visto despojadas de sus hogares por culpa de las llamas.
Lo primero que conviene indicar es que los incendios son fenómenos naturales que han modelado los ecosistemas antes de la aparición de nuestra especie. En la actualidad estos episodios naturales son una minoría y, según Ecologistas en Acción, el 95% de los incendios forestales son consecuencia directa o indirecta de factores estrictamente humanos. Es ampliamente conocido que tras las causas directas se sitúan los pirómanos y las conductas irresponsables de parte de la población. Pero en los últimos años, hay que incluir nuevos actores en las políticas de prevención que actúan de forma indirecta.
En primer lugar, habría que considerar la vulnerabilidad de la península ibérica a los efectos del cambio climático. La temperatura media en España aumentó 1,5º C el pasado siglo, lo que supone el doble de la media mundial. Los pronósticos para las próximas décadas vaticinan un aumento e intensificación de las olas de calor y episodios de sequía que, sin duda, serán un caldo de cultivo para los incendios forestales. El cambio climático es un tema discriminado por la mayoría de partidos políticos en nuestro país.
Otro factor determinante en la proliferación de incendios es el progresivo abandono del mundo rural. Hoy, la mayor parte de la población se concentra en la grandes urbes y la población rural está muy envejecida. Para dar respuesta a este problema demográfico es fundamental reactivar estrategias de desarrollo rural que atraigan población joven a los pueblos e impulsar un modelo de desarrollo sostenible que contribuya al buen estado de los montes.
A lo anterior, hay que añadir las políticas de recorte llevadas a cabo por administraciones locales y autonómicas y capitaneadas por los grandes partidos que se han traducido en una reducción de los fondos de prevención y extinción de incendios.
Pero, ¿qué pasa con las medidas de restauración? ¿Se aplican correctamente?. A menudo, escuchamos a líderes políticos anunciar medidas de reforestación, antes incluso de que el propio incendio pueda controlarse. En la mayoría de estos discursos, subyace un amplio desconocimiento en la materia y se persiguen fines populistas. En todo caso estas decisiones tendrán que ser tomadas en base a la opinión de los expertos.
En ecosistemas mediterráneos (como en muchos otros), la reforestación no suele ser la mejor opción. Muchos tipos de bosque están adaptados a una dinámica de incendios naturales recurrentes y son tal cual los conocemos porque llevan siglos quemándose. Las actuaciones de reforestación, a menudo, resultan contraproducentes e incluso pueden agravar el desastre ecológico. Por contra, con un estudio experto se podrían llevar a cabo medidas mucho más eficaces, baratas y en sintonía con el ecosistema. Podemos destacar el importante efecto de las raíces enterradas y árboles caídos para estabilizar el débil suelo que ha quedado tras un incendio. Por otro lado, el uso de aperos para llevar a cabo las plantaciones degradan totalmente el suelo que queda tras un incendio, impidiendo que ni la vegetación herbácea se establezca rápidamente. Además una plantación suele generar un ambiente más propicio para futuros fuegos en la zona que un ecosistema recuperado con una base ecológica más profunda.
Por consiguiente, esta rápida respuesta de los políticos ofreciendo restauraciones, no sabemos si radica en una falta de información y desconexión con el mundo científico; o como nos tememos, en intereses económicos para que esta dinámica fuego-reforestación siga siendo rentable.
Resulta fundamental aumentar los fondos para gestionar ecológicamente la dinámica del fuego, a la vez que se reduzcan al máximo los riesgos para la población humana. Además pedimos un aumento de las partidas presupuestarias destinadas a transferir información entre el mundo científico y el mundo de la prevención y restauración, lo que a la larga repercutirá en menor incidencia y ahorros en la lucha contra el fuego in situ. Por último pedimos que no se hagan populismos diciendo que se endurecerán las penas o se harán plantaciones; sino que apostamos por buscar a los culpables y que cumplan de verdad dichas penas. Además, abogamos porque las restauraciones sean dirigidas por verdaderos expertos y sean ellos los que propongan las mejores medidas en cada caso.
Artículo escrito por Enrique Rivero García y Juan María Arenas Escribano, activistas de la RQJ.