Globalmente y al margen de las formas para su negociación, el documento tiene puntos buenos si se consideran aisladamente. El problema añadido es que se apliquen también aisladamente. Como ejemplos cabe citar la paralización de los aspectos de la LOMCE que no han entrado en vigor (posición que sin duda resultará insuficiente a la comunidad educativa que se ha opuesto a esta ley), la derogación de los “aspectos más lesivos” de la Ley Mordaza (en realidad lesiva en todos sus aspectos junto otras leyes como la reforma del Código Penal según alertan organismos internacionales de Derechos Humanos).
De lo que adolece el pacto es de una visión más global de las carencias que afectan a nuestro territorio, así como de no contemplar puntos estratégicos más concretos. Esta falta de concreción es también llamativa por el excesivo uso del impersonal futurible: “se reformará”, “se fomentarán”… obviando especificar el cómo y el cuándo.
No se acuerda este pacto, como señala la turolense María Galindo, de vertebración territorial si no es para enfrentar territorios: dedica una única mención al medio rural, el 95% del territorio estatal generador de la práctica totalidad de los recursos, poseedor de la mayoría del patrimonio cultural y natural, proveedor del alimento, el agua y la energía. De este último aspecto, ni una sola alusión a la democratización del sector ni al oligopolio eléctrico sostenido sobre puertas giratorias que mantiene concesiones caducadas de saltos hidroeléctricos en el Pirineo, algo que tiene una directa repercusión en el precio de la energía tanto para las familias como para las empresas altoaragonesas. Tampoco se habla de prioridades ni estrategias en infraestructuras (el Canfranc, ese gran olvidado), ni de gestión hidráulica que no derroche en obras como la de Yesa o enfrente territorios como el Plan Hidrológico, ni de los sectores que deben realizar el cambio productivo necesario para generar un empleo digno, justo y sostenible. Por el contrario, lo que sí propone el Pacto es una tercera reforma laboral encubierta para abaratar todavía más el despido y eliminar la causa objetiva del contrato, lo cual es especialmente gravoso para un territorio cuya despoblación se debe, precisamente, a la falta de empleo en el medio rural.
El acuerdo sí se acuerda de Huesca, sin embargo, cuando apoya las interconexiones eléctricas a través de zonas protegidas con Francia como la Monzón-Isona a la que se opone la Plataforma contra la Autopista Eléctrica, o cuando menciona el Cambio Climático que amenaza la nieve y los ríos de Aragón, (mención que, como en los Acuerdos de París, no define cuándo ni cuánto hay que abrir el paracaídas, sino que sólo promete a los pueblos que será antes de tocar tierra).
Por todo ello, porque hoy hemos tenido que valorar más lo que olvida este Pacto que lo que integra, desde Podemos-Alto Aragón en Común hemos votado no. Votamos no con la firme esperanza de que sirva para recordar pronto las razones por las que hemos sido elegidos: no para formar un gobierno cualquiera, sino uno que se acuerde de la gente y del Alto Aragón.
Jorge Luis Bail, diputado en el Congreso por Podemos-Alto Aragón en Común